En su afán por evitar una eventual fuga de Martín Vizcarra, el fiscal provincial Germán Juárez apeló a la decisión del juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien rechazó en primera instancia dictar prisión preventiva de seis meses para el expresidente.
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En la apelación, que formalizará por escrito, el fiscal insistirá en pedir prisión para Vizcarra, quien es enjuiciado por presunta corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, al ser gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
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No satisfecho con que el juez dictó a Vizcarra órdenes de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses, contados a partir del 5 de julio, el fiscal insiste en el riesgo de fuga por falta de arraigo y otros.
¿Medida adecuada?
El abogado penalista Vladimir Padilla advirtió que la Fiscalía tenía el sólido argumento para apresar a Vizcarra porque este decía ir a trabajar a Moquegua, cuando ahí se dedicaba a otras actividades, hecho que ponía en riesgo la ejecución de una eventual condena de 15 años que se solicita.
Sin embargo, el abogado consideró un triunfo fiscal que a Vizcarra se le haya prohibido acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos y salir del país.
En tanto, el penalista Humberto Abanto dijo que a pesar de su “profundo desprecio político” por Vizcarra, era “absolutamente improcedente el pedido de prisión (...) porque no violó ninguna regla de conducta”.
Se ríe
En tanto, Martín Vizcarra rio y anunció que viajará a Huánuco.
“Yo tengo libertad de pensamiento, libertad de expresión para junto con millones de personas apoyar la propuesta política de Perú Primero (…) Vamos a ir (¿Cuál es su reflexión final?) Que me esperen en Huánuco, que me voy la próxima semana”, comunicó Vizcarra.
Desafiliación
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la desafiliación de Vizcarra del partido Perú Primero y no participará en comicios.
El Jurado Nacional de Elecciones recordó que el Tribunal Constitucional (TC) estableció, a través de un precedente vinculante, que la sanción de inhabilitación incluye la imposibilidad de pertenecer a una organización política.
A través de la resolución Nº 0223-2025-JNE, publicada en el portal institucional del organismo electoral, el JNE sostiene que el retiro del citado afiliado es consecuencia directa de su inhabilitación política dispuesta por el Congreso de la República, mediante las resoluciones legislativas Nº 020-2020-2021-CR y Nº 016-2021-2022-CR.
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