La negativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a cumplir dos laudos arbitrales confirmados por la Corte de Apelaciones de Columbia (Estados Unidos), que ordenan pagar 200 millones de dólares a Rutas de Lima (concesionaria de peajes), agravan la situación del Perú.
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Así advirtió Rafael Llano, abogado de Brookfield (Rutas de Lima), al indicar que se cumplirá con el cobro de los 200 millones de dólares a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Además, se demanda 2700 millones de dólares al Estado porque la alcaldía de Lima y el Tribunal Constitucional le impidieron cobrar todos los peajes.
“Porky” se niega
El abogado de Brookfield, Rafael Llano, recordó que es la primera vez que la empresa inicia un arbitraje internacional contra un Estado. Indicó que Brookfield, con presencia en los cinco continentes, no había recurrido antes a este tipo de medidas legales.
Llano advirtió que las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en las que asegura que no cumplirá con los fallos arbitrales, agravan el caso legal.
Señaló que estas afirmaciones no solo comprometen a la Municipalidad de Lima, sino también al Estado peruano.
El procedimiento está relacionado con el contrato de concesión de Rutas de Lima S.A.C., suscrito en 2013. Brookfield es actualmente el controlador del consorcio y sostiene que la Municipalidad no ha cumplido con los pagos establecidos por tribunales internacionales.
Laudos en contra
El 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó dos laudos arbitrales a favor del consorcio Rutas de Lima. La decisión ratificó fallos previos que ordenaban compensaciones económicas por parte de la Municipalidad de Lima. El abogado de Brookfield reiteró que cada declaración del alcalde que desconozca estos laudos agrava la situación legal.
“Cada vez que la municipalidad cierra las puertas o da ese tipo de declaraciones, en las que dice que no van a cumplir, que no van a respetar la ley, porque eso es lo que está pasando, no respetan la ley, cada vez que dan ese tipo de declaraciones, lo que hacen es ahondar este pozo en el que se han metido, este pozo legal en el cual han comprometido ya no solamente la responsabilidad de la municipalidad, sino lamentablemente al Estado Peruano”, declaró Llano a Canal N.
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