En el amanecer de ayer viernes, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda -hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente- fueron detenidos en sus viviendas, así como otras cuatro personas, acusados de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
La detención de manera preliminar por 10 días se dio en un operativo tempranero del Equipo Especial de Fiscales de lucha contra el poder (Eficcop), autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho.
El hermano de la presidenta es sindicado como presunto líder de la red “Los Waykis en la sombra” con influencia en la designación de prefectos y subprefectos y su utilización en la creación del partido político Ciudadanos por el Perú.
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Y Mateo Castañeda es acusado de neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, “ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los coordinadores policiales que apoyan al Equipo Fiscal para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano”, según la resolución fiscal. Habría desplegado acciones adversas contra el Equipo Policial, entre las que figuran la suspensión del cargo del Coronel PNP Harvey Julio Colchado, quien no habría cedido a sus presiones.
Junto a Boluarte y Castañeda fueron detenidos Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez. En total, son 22 las personas investigadas.
“Soy inocente”
Pasada la una de la tarde y luego de 7 horas de diligencia, Nicanor Boluarte salió enmarrocado y con mascarilla de su vivienda ubicada en el distrito de San Borja, en medio de fuertes medidas de seguridad para ser conducido a Medicina Legal y después a la sede de la Diviac, donde permanece detenido.
“Soy inocente” y “niego absolutamente todo”, fueron las frases que se pudieron escuchar en medio del accidentado traslado. “No sé por qué me están deteniendo, no conozco los cargos”, añadió al rechazar que sea el líder de una organización criminal.
Según el documento judicial, el operativo incluyó también el allanamiento a los inmuebles de los investigados en Lima, y en las regiones de San Martín, Cajamarca, Junín y Apurímac.
Es que el juez Carhuancho también autorizó el registro, lectura, visualización y extracción de información de celulares, CPU, laptop, tablet y otros equipos electrónicos, así como el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de los investigados.
“La finalidad de esta organización criminal sería la de copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, resalta el Eficcop.
Entrada la noche, Fredy Hinojosa, vocero gubernamental, descartó la posibilidad de renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras la detención de su hermano. También descartó que el gobierno pretenda interferir en la administración de justicia al rechazar cualquier irregularidad con la visita del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, ayer a Palacio de Gobierno.
Aclaró que el gobierno es respetuoso de la separación de poderes y evitó responder sobre actos en proceso de investigación fiscal.
