Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que no existe ninguna prueba que la vincule directamente con las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra su régimen iniciadas en diciembre de 2022 y que llegaron hasta los primeros meses de 2023.
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El abogado de Boluarte justificó el uso de las fuerzas del orden ante las protestas en 2022 y 2023 que se saldaron con muertes de decenas de civiles.
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Sin embargo, aseguró que no hubo órdenes para matar en las protestas, porque Boluarte dispuso que “las fuerzas del orden actuaran dentro de la ley”.
Archivo
En declaraciones a RPP, el abogado de Boluarte señaló que el Congreso actuó correctamente al archivar la denuncia constitucional contra la presidenta.
Campos explicó que, más allá de lo que señala el artículo 117 de la Constitución, no hay evidencias de que Boluarte haya dado órdenes para reprimir a la población.
Según dijo, lo que sí se ha podido confirmar es que la mandataria pidió mantener el orden público respetando los derechos humanos.
“La presidenta tenía que controlar el orden público”, indicó.
Acusa
El abogado añadió que hubo sectores interesados en provocar violencia, que incluso hicieron pausas estratégicas durante las fiestas de fin de año.
En ese contexto, Boluarte habría actuado dentro del marco constitucional, juró.
“Las instrucciones fueron claras para que las fuerzas del orden actuaran dentro de la ley”, afirmó el representante legal, destacando que cualquier incidente violento no refleja las órdenes emitidas.
Derechos humanos
Sin embargo, esta postura choca con críticas de grupos de derechos humanos, quienes han documentado casos de abuso y han pedido una investigación independiente sobre la gestión gubernamental.
El abogado sostuvo que “se tomaron medidas para proteger tanto la seguridad como los derechos”, pero la veracidad de esta afirmación sigue siendo evaluada por las autoridades judiciales.
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