Informado con varios días de anticipación de la diligencia, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, recibió ayer en su casa al personal del Ministerio Público que allanó el inmueble de La Molina y, tras obtener el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y el gabinete ministerial en pleno, voló anoche a Europa a pesar de existir un pedido de impedimento de salida en su contra.
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El ministro llegó este martes a España, donde se encuentra lejos del brazo de la justicia peruana.
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Se prevé que, apenas vuelva al Perú, se tenga definido si se dicta el solicitado impedimento de salida del país para evitar su fuga ante las evidencias penales que lo involucran.
Incursión
Con una orden judicial, un equipo fiscal llegó a las 5:30 de la mañana a la residencia, donde el ministro esperaba y de inmediato lo hizo pasar. Por la tarde, al abandonar el predio con algún material, se inspeccionó el automóvil de Santiváñez. En paralelo, la oficina del ministro también fue allanada para recabar documentación en el marco de la investigación que se le sigue por presunto delito de abuso de autoridad.
Estaba avisado y voló
José Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo “Culebra”, aseguró que Santiváñez estaba advertido del allanamiento de la Fiscalía, lo que explicaría que esperaba al equipo fiscal, que material incriminatorio habría sido retirado y que el domingo, en edición extraordinaria de El Peruano, la presidenta Dina Boluarte autorizó su viaje a Europa, que anoche concretó en un vuelo a Madrid (España).
Santiváñez viajó a pesar de existir un pedido en trámite de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dicte un impedimento de salida del país para el titular del Interior ante el peligro inminente de fuga.
Dina habla de golpe
El gabinete ministerial aplaudió a Santiváñez al reunirse ayer en el COEN con Dina Boluarte a la cabeza y ella lo ratificó en el cargo, a la vez que acusó a la Fiscalía de “tejer un golpe de Estado blando” en contubernio con la prensa.
“Y ahora allanan el domicilio del ministro Santiváñez y su despacho porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares”, exclamó la mandataria.
Cuadran a Dina
Ante ello, IPYS pidió a Boluarte respetar el trabajo independiente de la prensa y del Ministerio Público, y le recordó¿ su deber de aceptar la fiscalización y la crítica periodística que recibe su Gobierno.
“Es el más grave ataque contra los medios”, alertó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
¿Hay delito?
En Canal N, el ex fiscal anticorrupción Martín Salas recalcó que Boluarte debe ser denunciada constitucionalmente por sus amenazas y violar la Constitución con declaraciones y acciones para protegerse junto a Santiváñez, sabiendo que ambos están acorralados por los delitos que se investigan.
Con la mayoría congresal que apoya al gobierno de Boluarte se hace difícil que se canalice y apruebe una denunciada constitucional en su contra.
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