Dentro de las observaciones del Gobierno de Dina Boluarte a la ley que restablece la detención preliminar para casos sin flagrancia se busca limitarla a delitos violentos y trabar la labor periodística.
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La observación incluye planteamientos diversos como para, si se cuenta con apoyo de bancadas del Congreso, como las de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Perú Libre, considerados contrarios a la detención preliminar, se pueda llevar la ley a comisiones para demorar su aprobación.
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Al mencionar que se debe “proteger” la presunción de inocencia de los detenidos, el Ejecutivo defiende prohibir la difusión mediática de imágenes o videos relacionados con los casos.
Nocturnidad
El documento entregado al Congreso a las 11 de la noche del lunes, al límite del plazo, incluye una reforma de la mencionada detención para aplicarse únicamente a feminicidio, sicariato, extorsión y terrorismo, entre otros delitos violentos.
Al respecto, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) advirtió una “intención subalterna” del Gobierno al esperar “a propósito” el último día de plazo. “¿A quién protege el Gobierno?”, preguntó.
Organizaciones criminales
Esa interrogante fue respondida por el penalista James Rodríguez, quien indicó que el Gobierno de Dina Boluarte favorece a las organizaciones criminales.
“Ha salvado al vocero presidencial (Fredy Hinojosa) de la detención preliminar, también a la red de corrupción de quienes son los culpables de que los escolares hayan comido carne de caballo. Cuántos delincuentes y organizaciones criminales están siendo favorecidos al no entrar en vigencia esta ley, esperamos que el Congreso la apruebe por insistencia”, declaró a Canal N.
Algo huele mal
El ex procurador anticorrupción Yván Montoya señaló que, al impedir las detenciones preliminares en casos sin flagrancia, se busca “favorecer a algún tipo de entorno”, como en caso Qali Warma, o “esperando que no se aplique esta ley para un grupo de funcionarios públicos”.
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