A raíz del asesinato de 13 trabajadores víctimas de mineros ilegales, la presidenta Dina Boluarte anunció el toque de queda en la provincia liberteña de Pataz, de 6 p. m. a 6 a. m., y la suspensión de toda actividad minera por un plazo de 30 días prorrogables.
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Policías y militares buscarán imponer el orden en Pataz, donde crímenes se suceden en medio de la impunidad.
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En tanto, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto responsable de matanza escapó a Colombia al no existir orden de captura en su contra al momento de su partida.
Actividades mineras
Boluarte recalcó que la suspensión de actividades mineras permitirá facilitar la instalación de bases de las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar la seguridad en ese sector.
“Durante este plazo, se va a proceder a la exclusión de todos los reinfos (registros de formalización minera) en condición de suspendidos. Mano dura para estos delincuentes”, exclamó.
Toque de queda
Boluarte detalló que, para complementar el toque de queda, “las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa” e “instalaremos una base militar en el distrito de Pataz”.
Más de mil policías se enviarán a Pataz para garantizar el toque de queda, informó su institución.
“Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano”, acotó Boluarte.
Fugó cabecilla
Estas medidas complementan el estado de emergencia vigente desde hace un año y que la Fiscalía de Pataz continúa con las diligencias por el delito de secuestro agravado con subsecuente muerte, tras confirmarse que las víctimas fueron asesinadas a quemarropa, ocho días antes, dentro del socavón de una mina tomada por mineros ilegales.
Miguel Rodríguez Díaz “Cuchillo”, presunto responsable, ya fugó a Colombia, según las autoridades.
Estado de sitio
Aunque a primera hora el ministro del Interior, Julio Diaz, dijo que se evaluaría el pedido del Gobierno Regional de La Libertad para declarar el estado de sitio en Pataz, tal medida fue descartada por el premier Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, porque ella se da en casos de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, inexistentes en este caso.
Emergencia
En estado de sitio se suspenden derechos fundamentales de la población al arbitrio del Gobierno, no solo algunos como en el estado de emergencia.
“Lo que ocurre en Pataz no solo es un problema de seguridad, es un problema mucho más grande, que involucra a varios sectores del Estado: minería, transporte, Fiscalía, gobiernos locales y también al Congreso”, advirtió Diaz en el Congreso.
¿Deudos en nada?
Deudos de los asesinados están indignados por la falta de apoyo del Estado y de la minera La Poderosa.
Un arma de fuego en una víctima en Pataz tenía Luis Cuchisulta Guerra, detenido el viernes en Lima.
El experto en seguridad Pedro Yaranga dijo que, al no tener contratos los fallecidos, sus deudos no serían indemnizados.
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