A nueve días de su desaparición y cuatro de que el premier Gustavo Adrianzén negó que estaban secuestrados, los cadáveres de 13 trabajadores de la empresa minera R&R fueron encontrados ayer al interior de un socavón, con signos de tortura, en Pataz, departamento de La Libertad.
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Los mineros fallecidos -cuyos cuerpos mostraban signos de tortura- brindaban seguridad a un minero artesanal con quien la compañía Poderosa mantenía un contrato de explotación.
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Ante ello, congresistas pidieron la salida del premier Gustavo Adrianzén y del titular del Ministerio del Interior, Julio Diaz, hasta la vacancia de Dina Boluarte, por la incapacidad de todos para enfrentar a la delincuencia.
Así ocurrió
El 26 de abril, delincuentes ligados a mineros ilegales denominados “parqueros”, incursionaron en el área de operación de la empresa R&R, situada en el anexo Pueblo Nuevo-nivel 2025, para apoderarse del oro y de la zona de operación.
Esto originó un enfrentamiento a balazos con los agentes de seguridad de la empresa R&R. Los 13 trabajadores quedaron reducidos por los maleantes y luego de ser torturados se les ejecutó con disparos de bala a quemarropa.
Video del horror
La masacre habría quedado grabada en un video que ya ha sido difundido en páginas digitales y redes sociales.
En la grabación, hecha con la cámara de un celular, se aprecia a quienes serían los trabajadores con vendas en los ojos y maniatados dentro de un socavón. Luego, uno de los criminales se acerca y les dispara en la cabeza.
Demora
Aunque el enfrentamiento ocurrió el 26 de abril, los familiares de los trabajadores dijeron que los representantes de la empresa R&R tardaron en reportar el hecho ante la Policía, ya que, presuntamente, habrían pretendido “negociar” con los criminales. Eso habría entorpecido la acción oportuna de las fuerzas del orden.
Por eso, la denuncia del secuestro de los trabajadores recién se asentó en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- Huamachuco el 29 de abril, cuando familiares de las víctimas preocupados porque habían perdido comunicación con sus parientes indagaban sobre su paradero.
Búsqueda tardía
Con la denuncia formal, el jefe de la Policía en La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, dispuso que un equipo de 80 efectivos empiecen a buscar a los trabajadores secuestrados. Se sumaron personal del Ejército y ronderos, pero los secuestrados ya estaban muertos.
Se investiga si una organización criminal encabezada por Miguel Rodríguez Díaz “Cuchillo” es la que secuestró y ejecutó a los 13 trabajadores mineros.
Víctimas mortales
Diez de las víctimas mortales han sido identificadas como: Nilver Pérez Chuquipoma (24), César Rospigliosi Arellano (39), Frank Monzón Valeriano (24), Jhon Facundo Inga (30), Franklin Facundo Inga (24), Josué Carbonel Beltrán (33), Deyther Domínguez Ramírez (29), Darwin Cobeñas Panta (31), Alexander Domínguez y Juan Ñaupari Salva.
Envío de policías
Cuando ya nada se puede hacer por los 13 trabajadores asesinados, el Ministerio del Interior anunció que enviará a Pataz “equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas en Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Dirincri con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes”.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, prometió la “radicalización” del estado de emergencia que rige en Pataz, provincia que, alertó, los criminales “estarían buscando convertir en zona liberada”.
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