Desde la ciudad de Pucallpa, el contralor general César Aguilar Surichaqui informó que en el marco de los operativos inopinados que viene realizando a nivel nacional, se detectó más de 8 mil equipos médicos valorizados en S/ 95 millones que están sin utilizarse en el almacén del gobierno regional, pese a la alta demanda para la atención de pacientes.
Agregó que tomó conocimiento de que en el puerto del Callao hay 200 bienes o equipos médicos en similares condiciones, por el que se pagan S/ 100 mil para mantenerlos almacenados. Anotó que existe el riesgo de que, al igual al equipamiento detectado en Pucallpa, ya hayan perdido su vigencia tecnológica y garantía, produciéndose un probable perjuicio económico al Estado. “No se sabe cuáles están operativas y cuáles no”, señaló Aguilar.

De igual forma, el contralor general supervisó las instalaciones del hospital de contingencia de Pucallpa, que es la instalación temporal mientras se culmina las obras de mejoramiento del nosocomio a cargo del Gobierno Regional de Ucayali, proyecto que tiene un presupuesto que supera los S/ 343 millones. En el lugar observó situaciones desgarradoras en la atención que se brinda a los pacientes por lo que dispuso que se constituya en el lugar autoridades del Ministerio de Salud y de la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público.
En el acta del Ministerio Público, se observó, por ejemplo, que en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay presencia de humedad en los techos por la filtración de agua para lo cual se han colocado baldes en el piso. También hay riesgo eléctrico por la presencia de cables en el piso. En la sala de operaciones, se registró que la máquina de esterilización tiene el motor expuesto para evitar el sobrecalentamiento. Del mismo modo, el mortuorio provisional no cuenta con equipo de conservación de frío.
“Así como ponemos el hombro para destrabar obras paralizadas, también vamos a ser muy estrictos para denunciar irregularidades”, afirmó Aguilar Surichaqui.

En su primer día de jornada de supervisión, el titular de la Contraloría General también verificó la alimentación que se ofrece a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Ucayali, evidenciándose desnivel en el piso que no ayuda a que el agua que se usa para la limpieza discurra a las alcantarillas lo que podría convertirse en una fuente de contaminación, también, se encontró un pozo tubular debajo del almacén de alimentos que contiene agua empozada lo que podría generar la proliferación de insectos. Aguilar informó que de forma articulada se coordinó la presencia de la Dirección Regional de Salud a fin que pueda verificar la calidad de los alimentos que se distribuyen con el fin que la educación universitaria mejore en todo aspecto.
De manera simultánea, dispuso que equipos de auditores de la región y de Lima realicen inspecciones de otras obras públicas que existen en la región, en los sectores de Salud, Educación, Saneamiento y Turismo, que representan inversiones públicas por un total de S/ 787 millones, así como, la prestación de los servicios.
En ese sentido, se supervisó la prestación del servicio escolar en la Institución Educativa La Inmaculada, identificándose problemas de infraestructura: de las 32 aulas, nueve se encuentran inhabitables con fisuras que ponen en riesgo la integridad de 2000 estudiantes. Se conoció también que no se han previsto aulas de contingencia y tampoco existen algún proyecto encaminado para una nueva infraestructura. El equipo de control se reunió con las autoridades de la Dirección Regional de Educación a fin de conocer las acciones que vienen tomando ante esta situación.
En materia de control preventivo a obras paralizadas, adelantó que ha identificado dos obras que podrían ser incorporadas a los alcances de este tipo de control, a fin de que se impulse su reactivación y se cumpla con su culminación, sin perjuicio de que se realicen el control simultáneo o posterior que corresponda. “Vamos a coordinar con fiscalía cuando haya ilicitud”, puntualizó.
El dato: En el caso de las obras de mejoramiento del Hospital Regional de Pucallpa, el proyecto está paralizado desde el 2021 afectando a más de 477 615 beneficiarios de la región. El contrato del proyecto fue resuelto por incumplimiento contractual debido a retrasos injustificados.
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