Mientras el régimen chavista busca endurecer las penas contra sus opositores y se habla de fisuras en la unidad de los militares que los sustentan, a nivel internacional se debate entre dos salidas para la crisis política en Venezuela: una intervención militar para sacar a Nicolás Maduro o el diálogo entre el Gobierno y la oposición para un retorno consensuado a la democracia.
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La toma del poder por Maduro el viernes, para el periodo 2025-2031, parece no haber sido suficiente para atemperar los ánimos.
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La oposición antichavista, que libera María Corina Machado, ha confirmado que continuará en su lucha porque Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo en comicios que, indica, el chavismo cometió fraude.
¿Invasión o diálogo?
El planteamiento de una invasión militar desde la frontera con Colombia es del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enconado opositor del Gobierno de Gustavo Petro, quien de inmediato rechazó esa posibilidad que tiene tiempo e incluso se ha bosquejado dentro del Congreso de Estados Unidos.
Desde la frontera con Venezuela, Uribe reclamó una “intervención militar internacional” que “desaloje la dictadura” de Maduro, tras años de fracasos por hacerlo por la vía electoral.
Más respaldo cuenta la postura de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Francia, Emmanuel Macron, quienes se comunicaron telefónicamente con Maduro para pedirle que deje de “intimidar” a los opositores a su gobierno y reanude el diálogo con ellos.
¿Respaldo militar?
El diálogo o en todo caso una “salida desde dentro”, no una invasión externa, es lo que respaldó el excanciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, quien consideró que el respaldo militar a Maduro tiene sus fisuras.
Parecida opinión expresó ayer, en RPP, Darwin Izaguirre, coordinador nacional de Vente Venezuela en Perú, al advertir que “mandos medios y bajos” de las Fuerzas Armadas “están en contra del Gobierno” de Maduro. El presidente chavista “nunca había estado tan aislado internacionalmente como ahora”, acotó.
Ello explicaría que, tras jurar como presidente para el periodo 2025-2031, Maduro insista en una reforma constitucional para blindar su poder, con penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia, lo que aviva el temor de activistas de una “nicaragüización” represiva de Venezuela.
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