La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que durante el mes de noviembre retiró de las pistas a 815 vehículos que no cumplían con los requisitos para brindar el servicio de transporte urbano de pasajeros.
Además, como parte de la continua fiscalización al transporte informal, hoy se realizó un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú en el cruce de las avenidas Javier Prado y De la Poesía, en el distrito de San Borja.
Las acciones que permitieron el retiro de los 815 vehículos en noviembre, realizadas en el marco del estado de emergencia instaurado por el Gobierno desde el 22 de octubre, se llevaron a cabo con apoyo de las instituciones que integran el Comité de Fiscalización que lidera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este lo conforman la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia de Transporte Terrestre De Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), municipalidades, entre otras.
Durante los operativos realizados en noviembre se intervinieron a 282 conductores de taxis colectivos o buses informales sin licencia de conducir. Además, 130 vehículos no contaban con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y 179 no habían pasado la revisión técnica vehicular, lo que representaba un grave peligro para los usuarios, peatones y demás conductores.
Se suma a ello que se intervinieron 295 vehículos que mantenían diversas sanciones, acumulando una deuda de más de S/ 11 600 000.
Entre estas unidades destaca la combi de placa BLG-251 con 52 multas acumuladas por más de S/ 671 000. Otro caso es la cúster de placa B91-758 que, pese a ser formal y que su conductor cuenta con brevete, no respetaba la ruta consignada en los registros de la ATU, perjudicando a los usuarios para llegar a sus destinos.
Con estas acciones, la ATU reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con las instituciones que integran el Comité de Fiscalización del Transporte para fortalecer el control, promover la formalización y garantizar un sistema de transporte público seguro y eficiente y al servicio de los ciudadanos.
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