El Gobierno publicó un decreto supremo con nuevas disposiciones para combatir la activación ilegal de líneas móviles, la posesión ilegítima de SIM Cards y la comercialización ilegal de servicios públicos móviles, acciones que están relacionadas a la comisión del delito de la extorsión.
La norma señala que “las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de comercialización y contratación del servicio público móvil que presentan”, por lo que están obligadas a identificar y registrar a los abonados que contratan sus servicios.
Asimismo, deben llevar “el registro de vendedores o persona natural de la empresa operadora y empresa autorizada por esta, que interviene directamente en la contratación de los servicios públicos móviles”.
“Lamentablemente, las empresas de teléfonos, todas, venden los chips como si fueran caramelos y eso es gravísimo”, cuestionó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sobre el papel de las operadoras en esta problemática.
OBLIGACIONES. Los municipios distritales tendrán que dar cuenta al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Policía y Ministerio Público sobre la detección del comercio ambulatorio o en la vía pública de servicios públicos móviles, a fin de que realicen las acciones correspondientes.
El Osiptel, además, brindará a la Policía, el Ministerio Público y al Poder Judicial acceso en línea a la información sobre el proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos móviles que reporten las empresas operadoras.
OJO AL DATO. Chávez Cotrina consideró que las empresas tienen que ser responsables penal en estos temas de venta ilegal de chip.
