Aurora Caruajulca

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La ola de extorsiones que golpea a Lima y varias regiones del país sigue dejando víctimas silenciosas: más de 560 restaurantes y bares han cerrado sus puertas solo en lo que va del 2025, según reportaron asociaciones del rubro a Diario OJO.

Estos negocios, algunos con más de 15 años de trayectoria, no solo ofrecían comida o entretenimiento, sino que eran el sustento de familias enteras. “Nos mandan fotos, nos amenazan. Con el dolor de nuestro corazón, estamos cerrando”, expresó con pesar Ramiro Rodríguez, representante de la Asociación de Bares y Entretenimiento de Lima Metropolitana.

En redes sociales, varios propietarios también han compartido mensajes conmovedores de despedida, denunciando amenazas, extorsiones y ataques. Algunos han mostrado imágenes de daños a sus locales o de mensajes intimidantes recibidos por WhatsApp.

La situación no es menor. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y marzo de este año se han registrado al menos 97 ataques graves contra restaurantes y bares, incluyendo incendios provocados, disparos y explosivos. Esto sin contar los casos de chantaje, seguimiento o amenazas verbales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un pequeño restaurante fue baleado por negarse a pagar cupos. Días después, el local cerró. La familia propietaria, con más de una década en el negocio, no quiso brindar declaraciones por temor a represalias.

Otra dueña de bar en el Cercado de Lima, que pidió mantener su identidad en reserva, contó a este medio: “Nos seguían. Sabían los horarios de mis hijos. Preferí cerrar antes de tener una tragedia”.

El Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el BCP, Credicorp y Capital Humano y Social S.A., respalda este escenario. El informe revela que el 50% de limeños afirma que negocios de su barrio han cerrado o limitado sus actividades por la delincuencia, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza el 32%.

“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, advirtió Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del estudio. Añadió que este no es solo un problema policial, sino una amenaza directa al entorno económico, social y emocional de millones de peruanos.